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CARTA DE OTAMENDI

mayo 21, 2010

Sin duda que Otamendi ha leido el manual de ETA, el que señala a todos sus militantes que hay que denunciar torturas aunque sean falasas.
Bueno, lo anterior es lo que pensarán la infinidad de imbéciles que se tragan toda la mierda que les mete en la cabeza el gobierno invasor español por medio de sus lacayos. Pero hay algo que llama podereosamente la atención a todo el que piensa. Si ETA tiene un manual en el que manda a todos sus militantes y simpatizantes, que denuncien torturas aunque no las parezcan, ¿Por qué nunca las denuncian en Francia?
En fin, está claro que el que no tiene cerebro ni le interesa ver la realidad, nunca se dará cuenta de las patrañas que se inventa el enemigo para tratar de tener razón en esta lucha en la que no tienen ninguna razón.
Así, honrados periodistas fueron torturados por esas alimañas repugnantes que se visten de verde y que torturar es el gran placer de sus podridos corazones.
Cinicos e hipócritas, tanto ellos como los que los mandan y pagan para no hacer nada, salvo torturar vascos y matarles si llega el caso, luego se atreven a negar que torturan y lo haces ante el mundo, un mundo que cree en ellos porque no saben la clase de alimañas que son.
Vean la carta que indigan a cualquier persona y en particular a cualquier vasco bien nacido.

Carta abierta de Martxelo Otamendi, ex-director del periódico en lengua vasca Egunkaria,
absuelto de la acusación de terrorismo, junto al resto de encausados
En febrero de 2003, el juez de la Audiencia Nacional Juan de Olmo decidió cerrar el periódico Egunkaria, único que se publicaba íntegramente en lengua vasca, en base a unos supuestos delitos derivados de investigaciones realizadas por la Guardia Civil, a instancias del gobierno español del momento. Junto al cierre procedieron a la detención de 10 personas (nueve de ellas anteriores o actuales directivos del
diario), acusadas en aquel momento de pertenencia o colaboración con ETA.
En los cinco días de incomunicación que padecimos en los calabozos de la Guardia Civil en Madrid, 6 de los detenidos sufrimos torturas, consistentes en agotadores ejercicios físicos hasta la extenuación, vejaciones, humillaciones, falta de descanso, asfixia (aplicación de “la bolsa”), amenazas, implicando incluso a personas queridas y cercanas. Estos hechos fueron puestos en conocimiento del juez instructor en el momento de la declaración judicial nada más salir, sin que se tomara la molestia de abrir una
investigación.
Entre los acusados hemos sumado 28 meses de prisión preventiva, limitando los movimientos a las personas que dejaron en libertad condicional.
El cierre del periódico supuso la pérdida de trabajo de sus 150 empleados, así como cuantiosas pérdidas económicas. Y privó a sus periodistas, lectores, anunciantes y a la sociedad en general de una información diaria y de calidad, y de una plataforma mediática en la lengua por ellos elegida.
A pesar de que la fiscalía retiró todos los cargos ya en 2006, por no apreciar siquiera indicios, el juicio se celebró recientemente en la Audiencia Nacional de Madrid, con la única acusación de la AVT o Justicia y Dignidad, lo que nos ocasionó cuantiosos gastos en viajes, estancias y defensa, y tiempo que tuvimos que restar a la fuerza a la actividad laboral, social o familiar.
Finalmente la sentencia nos absuelve con claridad a los procesados, por no existir actividad delictiva
alguna, y declara ilegal el cierre del periódico, desmontando así el intento de criminalizar la actividad y la expresión del pueblo vasco en su propia lengua.
Tenemos derecho a una indemnización y reparación por todos los perjuicios que nos han ocasionado en estos 7 años de sufrimiento injusto. Y los responsables de la Guardia Civil que nos detuvo y maltrató, así como sus responsables políticos, deben dar explicaciones y asumir su responsabilidad. Estas reparaciones son de justicia, aunque no hay dinero que pueda borrar las heridas que te deja, por ejemplo, la tortura.
Porque el estado español, como por desgracia ocurre con muchos países llamados democráticos, sigue practicando la tortura, por mucho que lo nieguen los responsables de Interior. Son innumerables y continuadas las denuncias de organismos internacionales al Estado Español por no impedir la práctica de la tortura. Si en algo se diferencia un estado dictatorial de uno democrático, es por el respeto con el que este último debe tratar a todo ser humano, sea delincuente, presunto o inocente.
Son muchas las personas que, como nos ha ocurrido a nosotros, sufren en los medios de comunicación un veredicto previo de condena (terrorista o cualquier otra acusación), y que finalmente son declaradas inocentes en instancia judicial. No es justo que la opinión pública, condicionada por algunos medios poco profesionales, condene antes de tiempo. Los medios de comunicación deben informar con veracidad y respeto; es un derecho, no sólo de los afectados, sino también de los ciudadanos receptores de información, que deben exigir rigor en el tratamiento de las noticias.
Sólo me cabe agradecer a quienes en todo el estado español, y fuera de sus fronteras, nos han apoyado
en este largo proceso, incluso asumiendo el riesgo de ser acusados, ellos también, de pertenecer a un “entorno” en el que son presa fácil de los llamados poderes fácticos.
Martxelo Otamendi 26 de abril de 2010

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